El Comité Regional del Partido Socialista (PS) ha expresado su enérgico rechazo a la Reforma Constitucional de Seguridad Pública que ha sido presentada por el Gobierno ante el Parlamento. Aseguran que esta propuesta podría comprometer principios democráticos y libertades individuales fundamentales.
En un comunicado firmado por Hernán Vargas Canivilo, presidente regional del PS, se reconoce que la seguridad es un elemento «central, prioritario e insustituible de la vida democrática». Este concepto es esencial para la protección de las personas y sus bienes, así como para el desarrollo del país. Sin embargo, el partido advierte que los poderes que se contemplan en la reforma son excesivos.
Cuestionamientos sobre las facultades temporales
Uno de los principales puntos de preocupación que se han manifestado se refiere a la posibilidad de que el Presidente de la República mantenga ciertas facultades por un periodo de 120 días, el cual podría ser prorrogado por otros 120 días, alcanzando un total de ocho meses. Esta circunstancia es vista como potencialmente peligrosa por el PS.
Durante este tiempo, el Ejecutivo tendría la capacidad de suspender derechos relacionados con el tránsito, la reunión y la asociación. Además, tendría la facultad de requisar bienes y de interceptar o abrir diversos tipos de documentos y comunicaciones, todo esto sin necesidad de consultar al Parlamento previamente.
El PS señala que los estados de excepción actuales no permiten, en términos generales, la intervención de todas las comunicaciones y destaca que una atribución de este tipo solamente existe en el contexto de un estado de asamblea por guerra exterior, lo que requiere autorización del Congreso Nacional.
“Con esta reforma, al Presidente de la República se le está otorgando una facultad extraordinaria que tiene evidentes tintes autoritarios”, plantea el documento.
Impacto en la democracia
Otro de los cuestionamientos planteados por el PS está relacionado con la separación de poderes. El partido sostiene que esta iniciativa provocaría un desequilibrio entre el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Indican que la intervención del Congreso se daría solo después del período mencionado y cuestionan el rol que jugarían los tribunales de justicia al determinar personas o grupos que amenacen la seguridad pública.
Además, advierten que este tipo de medidas podría perjudicar la capacidad de organización y movilización de la ciudadanía y ser utilizadas como mecanismos de persecución política, no solo en el presente, sino también en administraciones futuras.
Exigen al Senado rechazar la reforma
Ante estas preocupaciones, el Comité Regional del PS ha instado al Senado a rechazar la reforma constitucional en sus términos actuales, aunque también resaltan la necesidad de seguir legislando en materia de seguridad pública.
“El Senado debe rechazar esta reforma constitucional, pero al mismo tiempo debe tener la sabiduría suficiente para legislaciones que fortalezcan la seguridad pública sin comprometer las libertades individuales”, indica el comunicado.
Finalmente, el documento firmado por Vargas Canivilo subraya que la lucha contra la inseguridad no debe traducirse en medidas que debiliten las garantías fundamentales de los ciudadanos.
“En democracia, la libertad no puede estar subordinada a la seguridad”, concluye el comunicado.