El Senado chileno al rechazar la idea de legislar una reforma constitucional para consagrar el agua como un bien público desconcertó a toda la población nacional tras el proceso que se ha venido llevando desde el año pasado. La decision recibió 24 votos a favor y solo 12 en contra, pero fue rechazado porque no se alcanzaron los 29 votos requeridos (sistema de dos tercios) para su aprobación. Las organizaciones ambientalistas lanzaron criticas al rechazar esta medida que habría hecho del agua oficialmente un recurso para uso público. os activistas también pidieron al público que vote en abril para cambiar la constitución de la era de la dictadura para que se puedan aprobar nuevas reglas sobre la explotación de los recursos naturales.
El director de Greenpeace en Chile, Matias Asun, señaló que en medio de una crisis de aguas profundas en el país, el Senado está priorizando la protección del derecho a usar el líquido como propiedad privada, sobre las necesidades de la población.
Ejemplificó cómo el agua utilizada por la agroindustria está protegida por la Constitución, pero no las personas y los ecosistemas que dependen del acceso al recurso. Agregó que Chile ocupa el puesto 18 en el mundo entre los países más expuestos a una emergencia hídrica, por lo que "prevenir este debate es un atentado contra la vida". Advirtió que actualmente 400,000 chilenos reciben agua de camiones cisterna y que casi la mitad de los municipios del país distribuyen algo de ayuda de agua a través de este medio, debido a la escasez de este líquido vital y la severa sequía que sufre el país. El centro de Chile ha sido golpeado por una gran sequía debido a una década de escasas precipitaciones.
El rechazo del proyecto de ley el martes "demuestra que los intereses comerciales, principalmente la minería, la agricultura (y) las empresas hidroeléctricas prevalecen", dijo a la AFP Alexander Panez, portavoz del Movimiento para la Defensa del Agua, la Tierra y la Protección del Medio Ambiente.
El uso del agua para la producción agrícola y minera ha contribuido a esta escasez y ha dejado a más de 600,000 personas sin agua corriente en sus hogares. El estado constitucional del agua es uno de los temas principales que los movimientos sociales quieren abordar en cualquier constitución eventual.
Chile celebrará el 26 de abril un referéndum sobre si, y cómo, cambiar la constitución que fue promulgada bajo el ex dictador Augusto Pinochet, quien gobernó desde 1973 hasta 1990.
Luego de dos meses de disturbios sociales, el presidente chileno, Sebastián Piñera, acordó el mes pasado promulgar una ley permita cambiar la constitución en términos de posesión del agua. Esa fue una de las principales demandas de los manifestantes que han salido a las calles regularmente desde el 18 de octubre, exigiendo que se tomen medidas para reducir la desigualdad.
