Resumen del Caso

La Corte de Apelaciones de Antofagasta ha determinado que el Estado chileno deberá compensar con $60 millones a Carlos Mondaca Arancibia, un joven que sufrió graves heridas tras ser impactado por un proyectil durante las manifestaciones en Tocopilla, ocurridas en noviembre de 2019, en el contexto del estallido social que sacudió al país.

Detalles del Fallo Judicial

El tribunal ha acogido parcialmente un recurso del Consejo de Defensa del Estado (CDE), eliminando una compensación de $1 millón que se había otorgado en primera instancia por daño emergente. Sin embargo, ha mantenido la indemnización principal por las secuelas físicas y psicológicas que ha sufrido Mondaca.

“La decisión del tribunal reafirma la responsabilidad del Estado en la protección de los derechos de los ciudadanos, incluso en contextos de agitación social”, comentó un experto en derechos humanos.

Los Hechos del Incidente

Según la demanda civil presentada ante el Segundo Juzgado Civil de Antofagasta, el incidente ocurrió el 21 de noviembre de 2019, cuando Mondaca regresaba de su práctica profesional en la faena minera Manto de la Luna. Debido a los cortes de tránsito provocados por las manifestaciones, tuvo que descender del transporte y, mientras caminaba por una zona cercana a la termoeléctrica de Tocopilla, fue alcanzado por un proyectil en el rostro y el cuello.

El proyectil, según se alega, correspondía a munición de uso institucional de la Armada de Chile. Tras el impacto, Mondaca fue trasladado inicialmente a un policlínico de Engie y luego al Hospital de Antofagasta, donde se sometió a varias cirugías para la extracción del proyectil.

Secuelas y Rehabilitación

Como resultado de las lesiones, Carlos Mondaca ha perdido cerca del 90% de movilidad en el lado derecho de su rostro, enfrentando un arduo proceso de rehabilitación tanto kinesiológica como psicológica, además de las secuelas visuales y la parálisis facial que ha tenido que sobrellevar.

Argumentos del Consejo de Defensa del Estado

En su apelación, el CDE argumentó que no existían pruebas concluyentes que acreditaran que el disparo provenía del personal de la Armada. También cuestionaron la falta de servicio y la relación causal entre la actuación estatal y las lesiones que sufrió el demandante. Además, el Estado argumentó que Mondaca se encontraba en una zona de violencia, sugiriendo que había una “asunción imprudente del riesgo” al permanecer en el lugar.

Conclusiones del Tribunal

A pesar de los argumentos presentados por el Fisco, la Corte de Apelaciones ha decidido mantener la condena contra el Estado, ratificando la existencia de daño moral que es indemnizable y confirmando el pago de $60 millones en favor de la víctima.