Preocupación ante el aumento de delitos fronterizos
Los parlamentarios de la región de Antofagasta han alzado la voz ante la creciente preocupación de que la legalización de los conocidos como ‘autos chutos’ en Bolivia podría incrementar los delitos fronterizos. Esta situación ha llevado a los legisladores locales a solicitar a la Cancillería que active las gestiones necesarias para expresar el rechazo del país a este proyecto. Los parlamentarios argumentan que esta iniciativa no solo fomentaría el contrabando, sino que también podría fortalecer a las bandas de crimen organizado que operan en la región.
Iniciativa de nacionalización en Bolivia
Recientemente, medios bolivianos han reportado que el diputado Reinaldo Seas ha presentado un proyecto de ley para nacionalizar vehículos indocumentados en Bolivia. Los ‘autos chutos’ se refieren a aquellos vehículos que han ingresado al país sin control aduanero, incluyendo automóviles robados en Chile que se han comercializado en mercados informales durante los fines de semana. En años anteriores, incluso se llegó a detectar la venta de una camioneta con el logo de la municipalidad de Antofagasta.
La propuesta de nacionalización es presentada como una medida extraordinaria, sin embargo, cabe recordar que Bolivia ya implementó un proceso similar en 2011, cuando el gobierno de Evo Morales regularizó 70 mil vehículos bajo la promesa de que sería una decisión única y excepcional. Ahora, el diputado Seas busca generar ingresos para las arcas municipales y ha establecido siete requisitos, entre ellos, la presentación de una declaración jurada sobre el origen del vehículo. Sin embargo, los vehículos con denuncias de robo en Bolivia y otros países quedarán excluidos de esta iniciativa.
Reacciones de los parlamentarios chilenos
El diputado Sebastián Videla (IND-PL) ha manifestado su descontento, señalando que «es inaceptable lo que está pasando en Bolivia, ya que fomentaría el robo de vehículos en Chile. Esperamos que la Cancillería actúe rápidamente para expresar nuestro descontento como país y evaluar el alcance de este proyecto que puede afectar a Chile».
Impacto en la seguridad nacional
El diputado Fabián Ossandón (PDG) enfatizó que «legalizar los llamados ‘autos chutos’ en Bolivia es una medida gravísima que solo incentiva el robo de vehículos en Chile y en la región de Antofagasta. Además, fortalece el crimen organizado que opera en nuestra frontera norte. Es urgente que el gobierno del presidente Kast, a través de la Cancillería, realice gestiones con Bolivia y manifieste con firmeza el rechazo de Chile a una medida que pone en riesgo nuestra seguridad».
Un llamado a la acción
El diputado Carlo Arqueros ha señalado que esta iniciativa es preocupante, afirmando que regularizar vehículos que ingresaron ilegalmente envía una señal equivocada y constituye un incentivo al contrabando y al crimen organizado. «El Gobierno debe evaluar las gestiones diplomáticas que correspondan, porque regiones como Antofagasta son las primeras afectadas por este tipo de fenómenos. La cooperación entre ambos países debe orientarse a combatir la delincuencia, no a generar incentivos para la ilegalidad», declaró Arqueros.
Gestión a través del Congreso
El diputado Jaime Araya (IND-PPD) ha asegurado que Chile debe dar una respuesta contundente para impedir que se legalice un robo que está relacionado con el narcotráfico. «Estoy enviando un oficio al presidente Kast y al ministro de RREE para que protesten formalmente por esto. También he solicitado al presidente de la Cámara que se ponga en contacto con su par boliviano para lograr un compromiso que impida que esto se materialice», adelantó.
Una barbaridad legislativa
Finalmente, la diputada Marcela Hernando calificó la idea de nacionalizar autos que entraron ilegalmente a Bolivia como «sencilla y llanamente una barbaridad». Según su opinión, una ley que busca hacer legal una actividad delictiva es un retroceso. «Si Bolivia se da el espacio para discutir este tipo de legislación, habla muy mal del país vecino», concluyó Hernando, esperando que, independientemente de quién presente el proyecto, no llegue a convertirse en ley.