El Comité Regional del Partido Socialista ha expresado su firme rechazo a la Reforma Constitucional de Seguridad Pública presentada por el Gobierno ante el Parlamento. La colectividad advierte que esta iniciativa, tal como está formulada, podría poner en peligro principios democráticos fundamentales y las libertades individuales de los ciudadanos.

En una declaración oficial firmada por Hernán Vargas Canivilo, presidente regional del PS, se subraya que la seguridad es un componente esencial para la vida democrática, ya que asegura tanto la protección de las personas y sus bienes como el desarrollo del país. No obstante, el partido señala que las facultades que se contemplan en esta reforma son desproporcionadas.

Cuestionamientos a las facultades de hasta 240 días

Uno de los principales puntos de crítica se centra en que, según el comunicado, la reforma permitiría al Presidente de la República mantener ciertas facultades durante un período de 120 días, prorrogables por otros 120, sumando un total de hasta ocho meses. Durante este tiempo, el Ejecutivo estaría habilitado para suspender derechos relacionados con la libre circulación, reunión y asociación, así como para requisar bienes e interceptar comunicaciones sin necesidad de consultar al Parlamento.

La declaración señala que los estados de excepción actuales no permiten, en términos generales, la intervención de toda clase de comunicaciones, y que dicha atribución solo se otorga en el estado de asamblea por guerra exterior, el cual requiere autorización del Congreso Nacional.

“Con esta reforma se está dotando al Presidente de la República con una facultad extraordinaria con alcances nítidamente autoritarios”, expresa el documento.

Riesgos para la democracia

Otro aspecto que preocupa al PS es la separación de poderes. La colectividad argumenta que esta iniciativa podría provocar un desequilibrio entre el Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Judicial. Además, destaca que el Congreso solo intervendría una vez transcurrido el periodo mencionado, lo que plantea dudas sobre el papel de los tribunales de justicia en la identificación de individuos o grupos que amenacen la seguridad pública.

Asimismo, el PS advierte que estas herramientas podrían limitar la capacidad de organización y movilización de la ciudadanía, y sugiere que podrían ser utilizadas como mecanismos de persecución política, no solo en la actual administración, sino también en futuros gobiernos.

Solicitud al Senado para rechazar la reforma

Ante estos reparos, el Comité Regional del Partido Socialista ha hecho un llamado directo al Senado para que rechace la reforma constitucional en su forma actual, aunque también plantea la necesidad de continuar legislando sobre temas de seguridad pública de manera adecuada.

“El Senado debe rechazar esta reforma constitucional, pero al mismo tiempo debe tener la sabiduría suficiente para legislar en pro de la seguridad pública, garantizando siempre las libertades individuales”, concluye la declaración.

El documento firmado por Vargas Canivilo concluye que el combate a la inseguridad no debe conducir a medidas que debiliten las garantías fundamentales. “En democracia, la libertad no puede estar supeditada a la seguridad”, se afirma en el comunicado.