La Municipalidad de Antofagasta y Gendarmería de Chile han formalizado un convenio de colaboración que permitirá incluir a personas que están cumpliendo penas de Prestación de Servicios en Beneficio de la Comunidad en operativos de recuperación de espacios públicos. Esta iniciativa busca no solo embellecer la ciudad, sino también ofrecer una segunda oportunidad a quienes han infringido la ley.

El alcalde de Antofagasta, Sacha Razmilic, destacó que “aquellos que han cometido delitos podrán retribuir a la sociedad a través de trabajo comunitario, ayudando en labores de limpieza, borrado de grafitis, y recuperación de espacios públicos. Este convenio no solo beneficia a la ciudad, sino que también proporciona una oportunidad concreta de reinserción para los participantes”.

Gonzalo Castro, director de Seguridad Pública de la Municipalidad, subrayó que este esfuerzo permite a los condenados asumir una responsabilidad social, contribuyendo a su reinserción y ayudando a prevenir delitos en la comunidad. “Es fundamental que estos operativos no solo se realicen, sino que se planifiquen adecuadamente para maximizar su impacto”, afirmó.

Organización y ejecución de los operativos

El plan incluirá operativos mensuales, donde Gendarmería evaluará y determinará la participación de las personas que puedan contribuir a cada intervención. Las tareas asignadas abarcarán desde el retiro manual de estructuras precarias y mobiliario del comercio informal hasta la limpieza y despeje de áreas priorizadas en la ciudad. Es importante señalar que los participantes no podrán interactuar con los ocupantes de los espacios ni con los comerciantes ambulantes, limitándose a cumplir con sus labores operativas.

El coronel Rodrigo Salinas, director regional de Gendarmería de Chile, comentó que “como institución, nos esforzamos por crear convenios que permitan a las personas condenadas realizar su prestación de servicios en ambientes adecuados. Esto es esencial para su rehabilitación y reintegración social”.

Las penas de prestación de servicios son decididas por los Tribunales de Justicia y pueden sustituir penas privativas de libertad de hasta 300 días, o como parte del cumplimiento de ciertas multas. Aquellos que acceden a esta modalidad permanecen en libertad y regresan a sus hogares tras finalizar su jornada de servicio comunitario.

Gendarmería asumirá la responsabilidad de evaluar a los participantes, diseñar sus planes de actividades y coordinar su integración con el municipio. Además, las horas trabajadas serán registradas en un control de asistencia conjunto entre ambas instituciones. Esta modalidad de pena debe ser compatible con las actividades laborales y educativas de los condenados, favoreciendo así su integración familiar, laboral y social. Se busca, además, que este trabajo contribuya a reparar el daño causado por la infracción penal a través de un esfuerzo en beneficio de la comunidad.