Revisión del Caso Convenios
El Octavo Juzgado de Garantía de Santiago ha determinado que no es competente para continuar con la investigación relacionada con las aristas Democracia Viva, Fibra, Tomarte y Fusupo. Esta decisión implica que la responsabilidad recae nuevamente en el Juzgado de Garantía de Antofagasta, donde se iniciará un nuevo proceso judicial.
Decisión Judicial y Contexto
La resolución del tribunal de Santiago se produjo luego de una audiencia que tenía como objetivo definir la competencia judicial sobre este caso. La acusación presentada por la Fiscalía incluye serias imputaciones, como 12 delitos de fraude al fisco y dos delitos de lavado de activos. Este caso fue trasladado a Santiago por la Corte de Apelaciones de Antofagasta en mayo de este año, lo que generó controversia.
La jueza Estefanía Asenjo, a cargo de este caso, aplicó el Código Orgánico de Tribunales para resolver el conflicto de competencias. Según este código, cuando hay múltiples hechos investigados juntos, la competencia corresponde al tribunal del lugar donde se inicia la ejecución del primer delito.
Primer Acto Delictivo Identificado
La jueza determinó que el primer acto que marcó el inicio del fraude al fisco ocurrió el 1 de julio de 2022. Este acto fue la firma de un convenio entre la Seremi de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta y la Fundación para la Superación de la Pobreza (Fusupo).
El tribunal de Antofagasta ha confirmado que este acto se realizó en la ciudad de Antofagasta, lo que reafirma la competencia territorial de dicho tribunal para continuar con la causa.
Histórico de Competencias Judiciales
Es importante recordar que en mayo, la Corte de Apelaciones de Antofagasta había declarado que el Juzgado de Garantía de Antofagasta no era competente para manejar esta investigación, ordenando su traslado a Santiago. Sin embargo, esta decisión fue cuestionada por el Ministerio Público, que insistió en que la causa debía permanecer en Antofagasta.
Finalmente, el Octavo Juzgado de Garantía en Santiago decidió devolver el caso a la Corte de Apelaciones de Antofagasta. Así, se abre la posibilidad de que se reanude la discusión sobre la jurisdicción del caso, lo que podría llevar a una contienda de competencia que eventualmente deberá ser resuelta por la Corte Suprema.
Este caso refleja las complejidades del sistema judicial y la importancia de determinar la competencia adecuada para garantizar un juicio justo.