El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Antofagasta ha dictado sentencia contra Michael J. Saavedra M., un joven de 23 años y nacionalidad chilena, dedicado a la sustracción de especies desde establecimientos educacionales en la ciudad. El condenado deberá cumplir una pena total de 7 años y 352 días de cárcel, como resultado de la acusación presentada por el Ministerio Público.
Los hechos que le valieron la condena se remontan a abril de 2022, cuando Saavedra cometió tres hurtos de computadores notebook desde el Colegio Santo Tomás, Liceo Comercial y Liceo de Hombres, así como la sustracción de especies desde un vehículo estacionado en calle Lord Cochrane, frente al colegio Corazón de María.
El joven fue declarado culpable de cuatro delitos de hurto simple, cometidos los días 8, 12 y 20 de abril de 2022, por lo que deberá cumplir 5 años de presidio. Además, se le impusieron dos penas de 541 días cada una por tenencia ilegal de municiones y uso fraudulento de tarjeta de crédito, cargos adicionales que surgieron tras su detención y allanamiento de su domicilio, donde fueron incautados dos proyectiles artesanales sin percutar y se descubrió el delito de uso fraudulento de tarjeta de crédito.
El modus operandi del condenado consistía en ingresar a los colegios en horarios de salida de los alumnos, simulando ser un apoderado. Utilizaba una mascarilla y fingía hablar por teléfono para pasar desapercibido. Una vez dentro de las instituciones, recorría los pisos en busca de elementos a sustraer, especialmente computadores de los profesores.
La investigación liderada por los fiscales Javier Loyola Reyes y Rodrigo Cusó Segura, con el apoyo de funcionarios del OS9 de Carabineros, permitió establecer la identidad del imputado mediante declaraciones de testigos y análisis de las cámaras de vigilancia de los colegios. El tribunal impuso también penas accesorias que incluyen la suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena y una multa de 10 UTM. Una vez que cumpla su sentencia, Saavedra deberá pagar esta multa o, en su defecto, realizar 240 horas de servicios comunitarios.
Las penas privativas de libertad dictadas por el tribunal deberán ser cumplidas de manera efectiva, comenzando por la más grave, y se tomará en cuenta el tiempo que el condenado ya ha estado privado de libertad desde el día 13 de julio de 2022, fecha en que fue detenido por estos delitos. Con esta sentencia, se espera que se haga justicia y se envíe un mensaje claro a quienes intenten cometer este tipo de actos delictivos en establecimientos educacionales de la región.
