Mientras que algunos países de América Latina han ampliado el acceso al aborto, Guatemala aumentó las penas de prisión para las mujeres que abortan.
CIUDAD DE GUATEMALA — Los legisladores guatemaltecos han aumentado las penas de prisión para las mujeres que abortan, contrarrestando una tendencia reciente en América Latina de ampliar el acceso a los procedimientos.
A medida que algunos de los países más grandes de América Latina (México, Argentina, Colombia) han ampliado el acceso al aborto en los últimos dos años, quedan países donde las tendencias religiosas conservadoras continúan dominando.
El martes por la noche, Día Internacional de la Mujer, el Congreso de Guatemala aprobó una ley de “Protección de la vida y la familia” que también se enfoca en la comunidad LGBTQ.
Este miércoles, cuando el Congreso de Guatemala declaró el “Día de la Vida y la Familia”, el presidente Alejandro Giammattei dijo en un discurso en Palacio Nacional que “este evento es una invitación a unirnos como guatemaltecos para proteger la vida desde la concepción hasta la muerte natural”.
Las guatemaltecas condenadas por interrumpir sus embarazos ahora pueden enfrentar penas de hasta 10 años que antes eran un máximo de tres. El Congreso impuso penas aún más severas para los médicos y otras personas que ayuden a las mujeres a interrumpir los embarazos.
Los abortos son legales solo cuando la vida de la madre está en riesgo.
Los legisladores que respaldan la legislación dijeron que la ley era necesaria porque “los grupos minoritarios de la sociedad proponen formas de pensar y prácticas que son incongruentes con la moralidad cristiana”.
La diputada Vicenta Gerónimo, quien votó en contra de la legislación, dijo que viola los derechos humanos, especialmente de las mujeres en las zonas rurales donde no existe una infraestructura de salud gubernamental.
La legislación fue aprobada con 101 votos a favor y 8 en contra. Cincuenta y un legisladores no estuvieron presentes.
Jordan Rodas, fiscal electo de derechos humanos de Guatemala, dijo que Guatemala estaba retrocediendo al limitar los derechos de las mujeres en un momento en que el mundo los estaba expandiendo. Agregó que quienes apoyan la diversidad sexual no buscan privilegios, “sino quieren vivir libres de estigma y discriminación”.
“La aprobación de esta peligrosa iniciativa representa una amenaza a los derechos de las mujeres y personas LGBT en el país”, dijo Cristian González de Human Rights Watch. También dijo que la legislación sirvió como una distracción del desmantelamiento sistemático del sistema de justicia por parte del presidente Giammattei.
