Con alegatos iniciales y medidas de seguridad especiales, se dio inicio hoy en Antofagasta al juicio oral contra dos ciudadanos mexicanos, acusados por el Ministerio Público de varios delitos, incluyendo tráfico de drogas, fabricación ilegal de sustancias, tenencia de precursores químicos y asociación ilícita en virtud de la Ley 20.000. La fiscalía está solicitando penas que ascienden a 35 años de prisión para cada uno de los acusados.

Según la acusación, los detenidos formarían parte de una organización criminal transnacional, supuestamente relacionada con el Cartel Jalisco Nueva Generación, que habría intentado establecer a Chile como un punto estratégico para la recepción, procesamiento y comercialización de metanfetamina hacia mercados en Europa y Oceanía.

Ambos individuos fueron capturados en enero de 2025, durante un amplio operativo llevado a cabo por Carabineros y el Ministerio Público en una parcela en el sector de Lolol, en la Región de O’Higgins, donde se había instalado un laboratorio clandestino para la producción de esta sustancia.

La investigación, denominada “Cristales del Pacífico”, resultó en la incautación de 844 kilos de metanfetamina, la mayor cantidad registrada en el país, así como de productos químicos y otros elementos necesarios para su elaboración. De acuerdo con las pesquisas, toda esta droga ingresó a Chile mediante un transporte marítimo, oculta en tinajas de pintura, provenientes del Puerto de Manzanillo, en México.

Detalles del Juicio

El Fiscal Regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, destacó la complejidad de la investigación, que involucró a diversas instituciones y la aplicación de técnicas especiales bajo la Ley 20.000. Este caso ha llegado a su etapa más crucial: el juicio oral.

“Después de una investigación extensa, que se prolongó durante casi dos años, ahora estamos en el único lugar donde las acusaciones pueden convertirse en pruebas verificables: el tribunal. La Fiscalía tiene la responsabilidad de demostrar, más allá de toda duda razonable, los hechos descritos en la acusación, y lo hará en un juicio público, donde la defensa también podrá impugnar cada elemento de prueba”, expresó el fiscal.

Castro Bekios enfatizó que esta causa tiene características particulares, ya que no se limita a un solo hecho, sino que se trata de una operación que comenzó en México, cruzó el océano y buscaba establecerse en Chile con un laboratorio para abastecer mercados lejanos.

El persecutor resaltó la importancia de la colaboración entre instituciones, que permitió conocer los planes de la organización, monitorear sus envíos, identificar el lugar donde se establecería el centro de procesamiento y, finalmente, lograr la detención de los involucrados durante un extenso operativo liderado por el Ministerio Público, con la participación de OS7, GOPE, LABOCAR, Prefectura Aeropolicial y RPAS.

“Una organización que opera sin fronteras solo puede ser enfrentada eficazmente cuando la persecución penal también actúa de manera coordinada: cooperando, coordinando y llegando al tribunal. La frontera no es un refugio; es un lugar que la ley también puede cruzar”, concluyó.

El juicio oral está programado para desarrollarse durante toda la semana y cuenta con las medidas de protección que establece la ley para los participantes en causas de crimen organizado.