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febrero 25, 2026

Estamos presentando: Angie Guzmán Jhon Alex DJ sancocho

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La Gendarmería acusa a un empleado por introducir drogas al Centro de Detención Preventiva de Calama: fue arrestado por la PDI.

Detención de funcionario de Gendarmería por portar sustancias ilícitas en Calama

En un hecho que ha causado conmoción en la ciudad de Calama, un funcionario de Gendarmería fue detenido tras ser sorprendido portando sustancias ilícitas al interior del Centro de Detención Preventiva (CDP) local. La institución activó sus protocolos de seguridad y denunció el hecho ante el Ministerio Público, que ya ha iniciado las diligencias correspondientes.

Descubrimiento durante controles de seguridad

Según el comunicado oficial emitido el domingo 22 de febrero de 2026, el descubrimiento se produjo el sábado 21 de febrero durante la aplicación rigurosa de los controles establecidos para prevenir el ingreso de elementos y sustancias prohibidas a los recintos penitenciarios. El personal de servicio del CDP fue quien detectó que el funcionario portaba drogas, lo que llevó a la inmediata denuncia ante la Fiscalía.

Detención y control de detención

En la tarde del mismo sábado, el gendarme fue detenido por la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) y será presentado a control de detención en la jornada de este domingo por infracción a la Ley 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.

Compromiso institucional con la probidad

“Nuestro compromiso irrestricto con la probidad nos lleva a identificar conductas irregulares y denunciarlas ante las autoridades competentes”, señaló Gendarmería en su declaración pública.

La institución reafirmó su postura firme para separar de sus filas a aquellos que se aparten de la doctrina institucional, asegurando que su responsabilidad es garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento de los establecimientos penitenciarios, con sus integrantes actuando conforme a la ley y a los valores éticos que rigen la función pública.

El caso ahora queda en manos del Ministerio Público, que deberá formalizar la investigación y determinar las responsabilidades penales correspondientes, en un claro mensaje de cero tolerancia hacia acciones que pongan en riesgo la integridad y la seguridad en el sistema penitenciario.

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