En Calama, un individuo de nacionalidad venezolana enfrenta cargos por presunta participación en un secuestro con homicidio, secuestro calificado y receptación de un vehículo robado. La Fiscalía de Calama llevó a cabo la formalización de estos delitos, que se relacionan con eventos ocurridos el 23 de febrero en el sector Limón Verde, cerca del aeropuerto de la ciudad del Loa.
De acuerdo con la investigación conjunta realizada por el Ministerio Público y el Grupo de Investigación Especial de Homicidios Calama de la PDI, el acusado, en compañía de otros individuos aún sin identificar, habría perpetrado estos actos debido a conflictos previos relacionados con el robo de camionetas. Según la versión de los hechos, el imputado habría agredido y retenido a dos ciudadanos chilenos en contra de su voluntad, solicitando un rescate de $10 millones para liberar a cada uno de ellos.
Las víctimas fueron mantenidas atadas dentro de una camioneta que tenía denuncia por robo y que estaba en posesión del grupo delictivo. Durante su cautiverio, las víctimas fueron filmadas y forzadas a comunicarse con sus familiares para solicitar el pago del rescate.
Después de varias horas sin éxito en su intento de obtener el dinero, los captores liberaron a las víctimas, pero las amenazaron con armas de fuego y armas blancas, lo que desencadenó un enfrentamiento en el que ambos cautivos resultaron heridos. Trágicamente, uno de ellos falleció en el lugar, mientras que el otro sufrió heridas graves que podrían haber sido mortales sin atención médica oportuna en el Hospital Carlos Cisternas.
La policía logró recuperar pruebas importantes en la escena del crimen, incluyendo un casquillo de bala y bridas de plástico, que se utilizaron en el delito.
El fiscal jefe de Calama, Cristian Aliaga Ayarza, señaló que el imputado se encontraba en situación irregular en el país y también está siendo investigado por otro homicidio relacionado con el asesinato de un repartidor de gas en enero de este año. Actualmente, el acusado permanece en prisión preventiva junto a otros dos individuos.
El Juzgado de Garantía de Calama determinó un plazo de investigación de 120 días, durante el cual el Ministerio Público continuará realizando diligencias para recopilar más evidencia con el fin de esclarecer la responsabilidad del detenido y ubicar a otros involucrados en el caso.
