La Contraloría Regional de Antofagasta ha emitido un informe contundente sobre el contrato de arrendamiento que firmó la Municipalidad de Antofagasta para el inmueble situado en Manuel Antonio Matta N°2646-2648. Según el análisis, se desembolsaron $180 millones en rentas durante períodos en los que el edificio no fue recibido o no se comprobó su uso efectivo para los fines que justificaron su contratación.

Este documento, el Informe Final de Investigación Especial N°569, fue fechado el 29 de septiembre de 2026 y revisó el contrato y los pagos realizados entre marzo de 2025 y junio de 2026.

El informe concluye que las respuestas proporcionadas por la municipalidad no lograron subsanar ninguna de las observaciones planteadas anteriormente por el organismo fiscalizador, por lo que estas se mantuvieron sin cambios.

Cuestionamientos por $180 millones

Uno de los hallazgos más significativos se refiere al pago del arriendo. La Contraloría determinó que entre marzo y junio de 2025, la municipalidad pagó $72 millones, a pesar de que el inmueble aún no había sido recibido y estaba sujeto a reparaciones que debía realizar la arrendadora. La recepción formal se produjo el 9 de julio de ese año.

Adicionalmente, se identificaron otros $108 millones pagados entre julio y diciembre de 2025. En este caso, la Contraloría determinó que no se pudo demostrar que durante esos meses el edificio se estuviera utilizando para los fines institucionales que motivaron el contrato, ya que la ocupación de las instalaciones municipales comenzó a materializarse recién entre enero y marzo de 2026.

Por estos motivos, el organismo ha anunciado que formulará un reparo por $180 millones ante el Juzgado de Cuentas.

Detalles del contrato por $18 millones mensuales

El contrato fue aprobado por el Concejo Municipal en febrero de 2025 y firmado entre la Municipalidad y Lorena Jiménez Rentas SpA. Se estableció por cuatro años, desde el 1 de marzo de 2025 hasta marzo de 2029, con un alquiler mensual de $18 millones, reajustable anualmente en un 5%.

No obstante, la Contraloría indicó que el municipio celebró el contrato sin contar con la documentación técnica necesaria que justificara su elección. El informe que sustentó esta decisión fue elaborado el 13 de mayo de 2025, casi tres meses después de la firma.

Además, los planes para el edificio fueron modificándose: inicialmente se preveía trasladar diversas direcciones municipales, luego se consideró ubicar allí los Juzgados de Policía Local y finalmente se optó por destinarlo temporalmente a otras dependencias.

Críticas a las condiciones del contrato

El organismo también detectó deficiencias en la elaboración del acuerdo con la arrendadora. Según el informe, el contrato no incluyó plazos, hitos verificables ni mecanismos formales de recepción que permitieran verificar las reparaciones y habilitaciones a cargo de la propietaria. Tampoco se establecieron multas, compensaciones o la posibilidad de término anticipado por motivos de interés público o cambios en las necesidades municipales.

La Contraloría también señaló la falta de supervisión de la Dirección de Operaciones, ya que no se encontraron antecedentes de inspecciones o mecanismos formales de seguimiento para asegurar que la arrendadora cumpliera sus obligaciones.

Inversiones que superan los $683 millones

Otro aspecto de la investigación se refiere a la licitación “Habilitación Oficinas Edificio M.A. Matta”, adjudicada a COMAVI SpA por $683.341.299, destinada a remodelar y habilitar el inmueble.

El informe indica que la empresa adjudicataria obtuvo solo 50% del puntaje máximo en el criterio “Propuesta Técnica”, a pesar de que las bases requerían un mínimo de 80% para continuar en la evaluación. Ante esto, el municipio informó a la Contraloría sobre el inicio de un procedimiento para invalidar los actos administrativos relacionados con la licitación y el contrato adjudicado.

Además, la Contraloría advirtió que se proyectaba ejecutar obras por más de $683 millones en una propiedad privada sin que existiera un contrato que regulara los efectos patrimoniales de dicha inversión, incluyendo mecanismos de restitución o compensación por las mejoras realizadas con fondos públicos.

No obstante, el organismo desestimó uno de los cuestionamientos iniciales respecto a la pertinencia de las obras, al confirmar que tenían un propósito municipal y estaban destinadas a adecuar el edificio para el funcionamiento de los Juzgados de Policía Local.

Sumario administrativo anunciado

El informe también señala que la investigación surgió a raíz de dos denuncias presentadas por la concejala Karina Guzmán, relacionadas con la formalización del contrato, el pago de rentas mientras el inmueble permanecía sin uso y la inversión proyectada para su habilitación.

Después de analizar los antecedentes y la respuesta municipal, la Contraloría decidió mantener las observaciones y anunció que iniciará un procedimiento sumarial en la Municipalidad de Antofagasta para determinar responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados.

Asimismo, entre las medidas ordenadas, el municipio deberá presentar dentro de 60 días hábiles un manual para la elaboración y revisión de contratos administrativos, arrendamientos y comodatos.