Decisión de la Corte Suprema sobre el caso Democracia Viva

La Segunda Sala de la Corte Suprema ha tomado una decisión crucial en la contienda de competencia relacionada con el caso conocido como «Democracia Viva». Este caso abarca diversas aristas, incluyendo Democracia Viva, Fibra, Tomarte y Fusupo, todos vinculados al Caso Convenios. La corte ha determinado que el tribunal competente para continuar la investigación sobre el presunto fraude al Fisco y lavado de activos es el Juzgado de Garantía de Antofagasta.

Origen del conflicto jurisdiccional

La disputa jurisdiccional surgió cuando la Corte de Apelaciones de Antofagasta aprobó una solicitud de la defensa de tres de los imputados para trasladar el caso al Octavo Juzgado de Garantía de Santiago. Sin embargo, este último tribunal se declaró incompetente, lo que generó una discrepancia jurídica que tuvo que ser resuelta por el máximo tribunal del país.

Fundamentación de la resolución

En su fallo, la Segunda Sala de la Corte Suprema se basó en los artículos 157 y 159 del Código Orgánico de Tribunales. Estos artículos establecen que, cuando se investigan múltiples aristas de manera conjunta, la competencia corresponde al tribunal de la jurisdicción donde se inició el primer hecho con aptitud penal.

«La ejecución del primer acto ocurrió el 1 de julio de 2022 en la ciudad de Antofagasta, cuando se firmó el convenio de transferencia de fondos desde la Seremi de Vivienda a la fundación Fusupo», indicó la corte.

Implicaciones del fallo

Con esta resolución, el caso Democracia Viva seguirá su curso en los tribunales de Antofagasta, tal como lo había defendido el Ministerio Público. Esto permitirá avanzar en la preparación del juicio oral para las siete personas acusadas de delitos de fraude al Fisco, de las cuales dos también enfrentan cargos por lavado de activos.

Conclusión sobre el proceso judicial

La decisión de la Corte Suprema no solo resuelve el conflicto de competencia, sino que también reafirma la importancia de mantener la investigación en la jurisdicción donde se originaron los hechos. Esto garantiza que el proceso judicial se lleve a cabo de manera justa y transparente, protegiendo así el patrimonio fiscal y la integridad de la función pública.