El fenómeno del crimen organizado ha evolucionado, dejando atrás su imagen tradicional vinculada al tráfico de drogas y la violencia. Hoy, se presenta como una amenaza más compleja, con estructuras sofisticadas que tienen capacidad de articulación internacional y buscan controlar actividades económicas y gubernamentales, lo que plantea nuevos desafíos para el Estado, especialmente a nivel local en la Región de Antofagasta.

Estas preocupaciones fueron expuestas por el Fiscal Regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, durante su intervención en el seminario titulado “Crimen Organizado y Contrabando”, organizado por la Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH). En este foro, se discutieron los riesgos que enfrentan las instituciones locales ante la expansión y transformación de las organizaciones criminales.

Transformación del crimen organizado

En su discurso, el Fiscal enfatizó que las organizaciones criminales deben ser comprendidas como redes modulares y transnacionales que operan con una clara división de tareas y logísticas, además de contar con un financiamiento sólido y conexiones territoriales. Lo que antes se veía como bandas locales ahora se integra en redes más amplias que operan a nivel internacional.

“La banda es local; la red que la abastece es internacional”, afirmó el Fiscal, ilustrando cómo el crimen ha dejado de ser un problema meramente territorial para convertirse en un fenómeno multifacético y global.

Desafíos para las municipalidades

Uno de los puntos críticos abordados fue la corrupción y la captura institucional, particularmente en el ámbito municipal. El Fiscal advirtió que el soborno se ha convertido en una herramienta tan crucial para las organizaciones criminales como la violencia misma, ya que permite modificar las reglas del juego, facilitar operaciones ilegales y acceder a espacios de decisión dentro de las instituciones.

“Las municipalidades son un blanco atractivo, además de ser la primera línea de defensa contra el crimen organizado, ya que administran recursos, permisos y servicios que son de interés para estas organizaciones”, destacó.

La presentación identificó a las municipalidades no solo como un objetivo vulnerable, sino también como una primera barrera de defensa esencial. Se mencionaron vectores de riesgo como las compras públicas, concesiones estratégicas y actividades relacionadas con economías ilícitas, como la minería ilegal y el contrabando.

Fortalecimiento de capacidades municipales

Castro Bekios subrayó la necesidad de fortalecer las capacidades de las municipalidades para detectar operaciones irregulares a tiempo y establecer mecanismos de colaboración con organismos de fiscalización y persecución penal. Además, propuso incorporar inteligencia de datos en los procesos de fiscalización, investigar posibles fraccionamientos de compras y sobreprecios, y utilizar el canal de denuncias de la Contraloría.

La presentación también abordó los diversos niveles de captura del Estado, desde la corrupción administrativa menor hasta la intimidación y coacción, que pueden alterar el ámbito político y social, comprometiendo incluso a instituciones encargadas de la justicia. “Afortunadamente, no hemos llegado a esos niveles de infiltración”, concluyó.

Corredor Bioceánico y nuevas amenazas

El Fiscal Regional también se refirió a las posibles implicaciones del Corredor Bioceánico Capricornio, advirtiendo que su desarrollo físico avanza más rápido que las estrategias de seguridad necesarias para mitigar los riesgos que conlleva. Identificó como amenazas el tráfico terrestre y marítimo, así como la actuación de organizaciones criminales transnacionales en puntos críticos como Jama y Sico, así como en los puertos de Antofagasta y Mejillones.

“La estrategia de persecución debe ir más allá de simplemente interceptar cargamentos. Necesitamos trasladar nuestro enfoque de la contención a la inteligencia y análisis de redes, así como a la trazabilidad de los flujos económicos”, exhortó.

El Fiscal Bekios enfatizó que el reto no se limita a evitar que el crimen organizado entre al territorio, sino a prevenir que utilice las estructuras económicas y logísticas existentes para consolidarse en la región. “Antofagasta debe ser la prioridad en la lucha contra el crimen organizado”, concluyó el fiscal.