La acusación contra Procultura

La Fiscalía Regional de Antofagasta, bajo la dirección del fiscal Cristian Aguilar Aranela, ha formalizado cargos contra dos altos directivos de la Fundación Procultura. La gerente y representante legal, María Constanza Gómez Cruz, junto al director ejecutivo, Alberto Larraín Salas, son señalados como presuntos autores del delito reiterado y consumado de apropiación indebida, en el contexto del caso Procultura relacionado con la empresa Anglo American.

Los convenios y su incumplimiento

Entre los años 2021 y 2023, Procultura firmó cinco convenios con la mencionada fundación, destinados a financiar proyectos culturales en diversas comunas, como Rinconada, Catemu, Llay Llay y Nogales. También se incluyó un programa de bienestar y salud mental perinatal en Tiltil. Estos acuerdos estipulaban que los recursos debían ser exclusivamente utilizados en los proyectos acordados, y obligaban a la entrega de informes de gestión y rendiciones de cuentas, así como establecer mecanismos de seguimiento y verificación por parte de la empresa donante.

Desvío de fondos y medidas cautelares

No obstante, la investigación ha revelado que los proyectos no fueron debidamente acreditados mediante los informes y productos comprometidos, y que los recursos transferidos no fueron utilizados conforme a lo pactado. Como resultado, en mayo de 2024, la empresa decidió dar por terminados los convenios ante el incumplimiento de las obligaciones acordadas y se vio obligada a recurrir a los tribunales mediante una querella.

«Los fondos no fueron restituidos, y se presume que fueron utilizados para fines ajenos a los establecidos en los convenios, generando un perjuicio total de 471.554.412 pesos».

Por solicitud del Ministerio Público, los acusados han quedado sujetos a medidas cautelares, que incluyen firma mensual, arraigo nacional y prohibición de comunicarse entre sí, con un plazo de investigación de 80 días. Este caso representa la cuarta arista del caso Procultura que la Fiscalía Regional de Antofagasta formaliza en distintos tribunales del país.

Antecedentes de otros casos relacionados

Antes de esta formalización, otras aristas del caso Procultura habían llegado a instancias judiciales, incluyendo las aristas de Gore Metropolitano, con cinco imputados; Biobío, con dos imputados; y Minvu-Gore Antofagasta, también con dos imputados. Todas estas aristas cuentan con la participación del Consejo de Defensa del Estado como querellante, lo que resalta la gravedad de las acusaciones y el interés público en la correcta utilización de fondos destinados a proyectos culturales y sociales.