Detención y acusaciones graves en Coyhaique
La Fiscalía Local de Coyhaique, en colaboración con la Brigada del Cibercrimen de la Policía de Investigaciones (PDI), ha llevado a cabo la detención de un hombre de 32 años como parte de una investigación que aborda serias acusaciones de almacenamiento y distribución de material pornográfico infantil, además de cultivo de cannabis y microtráfico de drogas.
Detalles de la investigación
Según el fiscal jefe de Coyhaique, Luis Contreras, la operación permitió descubrir que el imputado tenía en su posesión diversos archivos de pornografía infantil almacenados en sus dispositivos electrónicos. “Además de esto, el detenido mantenía un cultivo ilegal de plantas de marihuana dentro de su casa, así como cantidades variadas de marihuana a granel”, explicó.
Medidas judiciales y formalización
El individuo fue presentado ante el Juzgado de Garantía, donde se decidió imponerle la prisión preventiva a solicitud del Ministerio Público, decisión que fue aceptada por el tribunal. El fiscal (s) Matías Manzano, quien participó en la audiencia de formalización, indicó que el imputado se enfrenta a la formalización por cuatro delitos: almacenamiento y distribución de material pornográfico infantil, cultivo ilegal de cannabis y tráfico de drogas en pequeñas cantidades.
Desarrollo de la investigación
Esta investigación ha estado en curso desde abril de este año, liderada por el Cibercrimen de la PDI, y ha permitido establecer que el acusado no solo almacenaba este tipo de material, sino que también lo distribuía a terceros. El tribunal ha fijado un plazo de 75 días para la continuación de la investigación.
Un llamado a la comunidad
Desde la Fiscalía se hace un llamado a la ciudadanía para que denuncie este tipo de delitos. “El Estado de Chile tiene compromisos internacionales para prevenir y perseguir toda forma de maltrato infantil, incluyendo el abuso sexual contra menores. La protección de niños, niñas y adolescentes también requiere de la colaboración de todos para denunciar conductas como el almacenamiento o difusión de material pornográfico infantil”, enfatizó el fiscal Contreras.
“Es fundamental que la sociedad se involucre en la protección de los más vulnerables y que todos seamos parte de la solución.”