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Tribunal detiene desmantelamiento de viviendas en El Olivar: ordenan peritaje técnico

Decisión Judicial en El Olivar

El Segundo Juzgado Civil de Valparaíso ha tomado una decisión significativa al acoger parcialmente la solicitud presentada por la Constructora San Sebastián. Este fallo implica la realización de un informe pericial en el contexto de la controversia que rodea la demolición de viviendas reconstruidas en El Olivar, Viña del Mar.

Contexto del Caso

Según reportes de La Tercera, la resolución fue emitida el 16 de junio por el juez Luis García. Este fallo establece la necesidad de un informe de un perito ingeniero o constructor civil que evalúe el estado de las obras antes de proceder con la demolición.

Origen del Conflicto

El conflicto surgió tras la intervención del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), liderado por Iván Poduje, quien había comenzado el proceso de desmantelamiento de viviendas construidas por la empresa, justificando su acción por fallas en la ejecución de las obras.

Impacto en las Viviendas

Los informes indican que la medida afecta a aproximadamente 170 viviendas: 56 cuatripareos en un avance considerable, 84 cuatripareos en un 44% de construcción y 30 pareos simples con progresos entre el 22% y el 27%.

Defensa Legal de la Constructora

El abogado Jaime Barrientos, que representa a la constructora, había solicitado al tribunal salvaguardar la evidencia material antes de que se llevara a cabo la demolición. Argumentó que esto podría resultar en la “destrucción irreversible” de pruebas necesarias para demostrar el cumplimiento del contrato.

Reacciones a la Resolución

Luego de la decisión, Barrientos expresó su satisfacción con el fallo judicial y afirmó que el ministro Poduje “no puede seguir adelante con el plan de demolición” sin realizar previamente un análisis de los peritos imparciales sobre las edificaciones existentes.

Posibles Consecuencias

El abogado concluyó que “la Constructora San Sebastián ejecutó el proyecto tal como fue aprobado por el Serviu”, advirtiendo que continuar con el desmantelamiento de las viviendas podría constituir un “abuso de poder”.

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