El 29 de agosto de 2022, una paciente en la Clínica Antofagasta tenía programada una interrupción voluntaria del embarazo por inviabilidad fetal. Sin embargo, se enfrentó a una serie de irregularidades que han llamado la atención sobre el cumplimiento de la ley en procedimientos de este tipo.
La paciente relató que el procedimiento fue retrasado sin explicación, solo para luego ser informada de que el matrón de turno era "objetor de conciencia". La situación generó confusión e incertidumbre en la paciente, quien luego contactó a la Corporación Miles para denunciar el caso ante la Superintendencia de Salud.
La investigación reveló varias irregularidades en el procedimiento. Aparte de no haber sido adecuadamente informada sobre la objeción de conciencia del matrón, no se contaba con un profesional de reemplazo capacitado para llevar a cabo el procedimiento. Además, la paciente recibió una dosis excesiva de Misoprostol administrada por tres vías diferentes, en lugar de la única vía aconsejada. La ficha clínica también presentaba inconsistencias en relación a la administración del medicamento.
En respuesta a estas irregularidades, la Superintendencia de Salud ordenó a la Clínica Bupa Antofagasta implementar una capacitación anual y permanente para los funcionarios involucrados en procedimientos relacionados con la Ley de Aborto en Tres Causales. Esta acción busca establecer un precedente en el cumplimiento de la ley en clínicas privadas del país.
La ley N° 21.030 establece que un médico cirujano puede objetar conciencia para llevar a cabo un procedimiento de interrupción del embarazo. Sin embargo, en caso de objeción de conciencia, la clínica debe reasignar otro profesional a la paciente. Si todo el personal disponible objeta conciencia, la clínica debe derivar a la paciente para que el procedimiento sea realizado por alguien que no objete. En casos de riesgo vital, el médico no puede negarse si no hay otro profesional disponible.
Este caso destaca la importancia de garantizar el cumplimiento de la ley en la atención médica y respetar los derechos de las pacientes, especialmente en situaciones delicadas como los procedimientos de interrupción voluntaria del embarazo.