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Diputado Ossandón sugiere que reintegro de fondos en Codelco debe enfocarse en ejecutivos, no en trabajadores

La postura del diputado Ossandón sobre Codelco

El diputado Fabián Ossandón, miembro de la comisión encargada de investigar el pago de bonos ligados a metas de producción en Codelco, expresó que «el hilo no debe cortarse por lo más delgado». En este sentido, enfatizó que cualquier eventual reintegro de recursos debería dirigirse a los ejecutivos responsables, y no a los trabajadores que recibieron los bonos con buena fe.

Investigación de la Cámara

Durante una sesión reciente, el parlamentario solicitó a la contralora General de la República, Dorothy Pérez, que indague sobre las irregularidades detectadas en la estatal. En mayo, Codelco anunció que había realizado una auditoría en respuesta a una denuncia, que reveló inconsistencias en los reportes de producción del año 2025. Estas irregularidades resultaron en el pago de 14,3 millones de dólares a más de seis mil trabajadores y ejecutivos.

«¿Cuál es la información que solicitó a la Contraloría sobre lo ocurrido en Codelco?»

El diputado Ossandón formalizó un pedido a la Contraloría para que determine si el pago de los 14,3 millones de dólares en bonos representa un perjuicio real al patrimonio fiscal. También solicitó clarificar si la responsabilidad alcanza a las autoridades que autorizaron y debían supervisar estas acciones. Además, pidió auditar posibles conflictos de interés relacionados con el vínculo previo de una directiva de Codelco con la firma que llevó a cabo la auditoría externa.

Consecuencias de un posible perjuicio fiscal

Si la Contraloría confirma un perjuicio fiscal, se deberá impulsar la recuperación de los recursos pagados indebidamente. Sin embargo, el diputado aclara que sería prematuro afirmar que todos los bonos deben ser devueltos. Primero, es necesario establecer cuánto se pagó de más, a quiénes y qué se debe legalmente recuperar. Es fundamental distinguir entre quienes tenían responsabilidad en las cifras y los trabajadores que confiaron en la información proporcionada por la empresa.

Protección de los trabajadores

El diputado Ossandón expresó su preocupación de que un eventual reintegro de los fondos cuestionados pueda impactar a los trabajadores. Afirmó categóricamente que «el hilo no se puede cortar por lo más delgado». Los trabajadores de base recibieron estos bonos de buena fe, cumpliendo con sus funciones, mientras que las manipulaciones en las cifras provienen de decisiones tomadas por la alta dirección.

Rol del Consejo de Defensa del Estado

Ossandón espera que el Consejo de Defensa del Estado actúe con firmeza para proteger los recursos de todos los chilenos. Si los antecedentes lo justifican, se deben emprender acciones penales y civiles pertinentes para recuperar cada peso que se haya perdido por irregularidades. Es crucial que nadie quede exento de responsabilidad debido a su cargo o influencia.

Expectativas sobre el informe de la comisión investigadora

El informe que se votará esta semana debería esclarecer las responsabilidades políticas de los directorios y gerencias que fallaron en sus controles. Además, será esencial proponer reformas drásticas al modelo de supervisión de las empresas públicas. El actual esquema ha demostrado ser insuficiente, por lo que se exigirán estándares técnicos más altos y la prohibición de conflictos de interés.

AUDITORÍAS Y DESVIACIONES

Codelco, en su comunicación de mayo, indicó que la auditoría concluyó que hubo desviaciones en la aplicación de normas internas relacionadas con el reconocimiento de producción, equivalentes a aproximadamente el 2% de la producción informada para el año. Esta investigación reveló que ciertos materiales requerían procesamiento adicional y no cumplían con las condiciones para ser considerados productos terminados, lo que llevó a incumplimientos normativos y efectos sobre el cálculo de metas e incentivos corporativos.

La sobreestimación resultó en un desembolso de 14,3 millones de dólares. A principios de este mes, se publicó un nuevo comunicado de la estatal, indicando el hallazgo de inconsistencias adicionales en las cifras de producción para los años 2024 y 2025.



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