La Subsecretaría de Prevención del Delito ha confirmado la prórroga de los servicios de televigilancia móvil mediante sobrevuelos realizados por cuatro brigadas de drones en la región de Tarapacá. La inversión adicional de $78.425.343 millones de pesos garantiza la continuidad de estos servicios hasta diciembre de 2023, sumándose a los $417.417.814 millones entregados entre 2022 y 2023.
A pesar de la denuncia realizada por la senadora Luz Ebensperger sobre el supuesto término del programa, el Gobierno ha subrayado la extensión de los servicios debido a los resultados positivos obtenidos. Los patrullajes aéreos, que cuentan con cámaras de alta definición, han demostrado ser herramientas efectivas para la prevención del delito y el combate a la delincuencia.
Desde la implementación del programa en 2022, se han realizado 2639 operativos en las siete comunas de la región, colaborando con diversas instituciones policiales. Los dispositivos acumulan 9483 horas de vuelo y han llevado a más de 1283 detenciones, proporcionando valiosos medios probatorios en casos abiertos por el Ministerio Público.
El delegado presidencial de Tarapacá, Daniel Quinteros, destacó la importancia de este programa para la seguridad en la región y resaltó los avances en capacidad probatoria y sobrevuelos preventivos. El compromiso del Gobierno con la seguridad se refleja en la asignación de recursos adicionales y la dotación de drones a las policías para fortalecer la vigilancia y contribuir a investigaciones.
Ana María Peralta, coordinadora regional de Seguridad Pública de la Subsecretaría de Prevención del Delito, confirmó la continuidad de los servicios y destacó la importancia del programa para la identificación de focos criminales y el combate a bandas organizadas. Se espera que la Contraloría tome razón del convenio que extiende estos servicios, permitiendo la cobertura en territorios clave y brindando certeza a la comunidad.
Según datos de la Unidad de Asistencia Técnica en Innovación y Tecnología de la Subsecretaría de Prevención del Delito, la mayoría de los requerimientos para la operación de los drones se destinan a patrullajes preventivos, seguidos de investigaciones policiales, acción policial y labores de fiscalización. Además, el programa se ha diversificado para incluir funciones logísticas en fiscalizaciones intersectoriales, emergencias y contingencias para otras instituciones.
