La concejala de Mejillones, Elsie Biagini, ha presentado una denuncia administrativa y una solicitud formal de fiscalización a la municipalidad y al Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM) a raíz de una presunta intoxicación alimentaria que afectó a estudiantes del Liceo Juan José Latorre Benavente (JJLB) durante un evento realizado el 16 de junio.

Según el relato de la edil, varios estudiantes de Primer Año Medio presentaron síntomas compatibles con Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETA) después de consumir alimentos durante una ceremonia de premiación escolar. Los padres y apoderados han aportado comprobantes de atención de urgencia del Hospital de Mejillones, donde los menores recibieron atención por dolor abdominal, vómitos, diarrea y, en algunos casos, urticaria generalizada.

«La denuncia también incluye registros fotográficos de los alimentos consumidos, que podrían haber estado en condiciones sanitarias deficientes».

Biagini también menciona la existencia de una orden de compra municipal por más de $5,3 millones, destinada a la alimentación de las actividades de premiación, lo que añade un elemento de preocupación sobre la gestión de estos servicios.

Solicitudes de medidas correctivas

En su documento, la concejala solicita que se inicie una investigación interna o un sumario administrativo en el DAEM para determinar la trazabilidad de los alimentos y responsabilizar a quienes los distribuyeron. Además, pide que se remitan los antecedentes a la Seremi de Salud para investigar posibles responsabilidades sanitarias y esclarecer las causas de la intoxicación.

Otra de las medidas solicitadas es el monitoreo de los alumnos afectados para evaluar la magnitud del evento y asegurar su recuperación adecuada.

Respuesta del municipio: Protocolo activado

La Municipalidad de Mejillones ha respondido rápidamente, afirmando que los procedimientos sanitarios estaban en marcha desde el primer momento en que se reportaron casos de intoxicación. El municipio subrayó que, conforme a la normativa vigente, los establecimientos de salud deben notificar inmediatamente a las autoridades sanitarias al detectar casos de ETA.

«Este mecanismo se activa automáticamente y no depende de solicitudes municipales».

La administración también ha señalado que ya se inició una investigación interna el 16 de junio, recopilando información y analizando la trazabilidad de los productos implicados, así como las responsabilidades derivadas de la situación.

Cuestionamientos a la concejala

En su respuesta, el municipio cuestiona la solicitud de la concejala, señalando que su petición de medidas corresponde a organismos distintos a la municipalidad. La administración expresa su sorpresa al ver que una concejala con experiencia confunde las atribuciones y procedimientos establecidos por la normativa sanitaria.

Además, el municipio afirma que usar la salud de los estudiantes para crear controversia política contribuye a desinformar a la comunidad y refleja un desconocimiento del marco jurídico que regula la función del concejal.

Mientras tanto, la investigación interna continuará, y los resultados se compartirán a través de los canales oficiales una vez que se complete el proceso, mientras la autoridad sanitaria lleva a cabo las investigaciones pertinentes para determinar si realmente hubo un brote de ETA y su origen.